Las relaciones entre Francia y Guinea Ecuatorial atraviesan uno de los momentos más delicados de su historia reciente. En un comunicado oficial de inusual firmeza, el Gobierno de Malabo condenó enérgicamente la venta programada por las autoridades francesas del edificio situado en el 42 de la Avenue Foch, en París, inmueble que Guinea Ecuatorial considera propiedad del Estado y sede oficial de su misión diplomática.
Para las autoridades ecuatoguineanas, este procedimiento constituye una flagrante violación del derecho internacional. Malabo califica la medida como un acto unilateral y hostil, incompatible con los principios que rigen las relaciones entre Estados soberanos.
El origen del conflicto se encuentra en el conocido caso de los "bienes mal adquiridos", que llevó a la justicia francesa a confiscar este inmueble, valorado en más de 100 millones de euros, tras la condena del vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. A pesar de las sucesivas sentencias de los tribunales franceses y de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Guinea Ecuatorial sigue impugnando la legalidad de la confiscación, alegando que el edificio goza de protección diplomática.
Sin embargo, esta vez el tono ha subido considerablemente.
En su último comunicado, Malabo advirtió que cualquier intento de perturbar el funcionamiento de su misión diplomática dará lugar a medidas de represalia basadas en el principio de reciprocidad. El Gobierno incluso plantea la posibilidad de recuperar el inmueble utilizado por la misión diplomática francesa en Malabo y expulsar de esas instalaciones a los diplomáticos franceses.
Además, Guinea Ecuatorial no descarta revisar por completo sus relaciones diplomáticas con Francia, incluida una posible ruptura de los vínculos diplomáticos si la venta del edificio de la Avenue Foch llega a concretarse.
Más allá del litigio judicial, este caso se ha convertido en un importante enfrentamiento político y diplomático. Para Malabo, ya no se trata únicamente de un prestigioso edificio situado en uno de los barrios más exclusivos de París, sino de una cuestión de soberanía nacional y de igualdad entre los Estados.
Lo que durante años permaneció en los tribunales podría transformarse ahora en una auténtica crisis diplomática entre dos países unidos por décadas de cooperación. Francia deberá decidir entre hacer cumplir las resoluciones de su sistema judicial o evitar un deterioro profundo de sus relaciones con Guinea Ecuatorial.
